La nueva ley contra la publicidad engañosa en el sector inmobiliario toca un tema muy importante, pero también muy delicado para quienes trabajamos todos los días en este mercado.

Estoy totalmente de acuerdo con que se proteja al comprador frente a ofertas falsas, proyectos inexistentes, precios manipulados o promesas que no se pueden cumplir. La transparencia debe ser una prioridad en toda operación inmobiliaria.

Sin embargo, también es necesario entender cómo funciona realmente este sector.

Las condiciones de los proyectos cambian constantemente. Un desarrollador puede ofrecer hoy un plan de pago 10-20-70 y mañana modificarlo según la etapa del proyecto, la velocidad de venta, el costo financiero, el avance de la obra o las condiciones del mercado.

Lo mismo ocurre con los precios, la disponibilidad de unidades, las fechas de entrega, los bonos promocionales y las condiciones comerciales. Una unidad puede estar disponible en la mañana y quedar separada en la tarde. Un precio publicado puede corresponder a una etapa anterior del proyecto y luego ser sustituido por una nueva lista oficial.

Por eso, más que perseguir al asesor inmobiliario que publica información recibida de un desarrollador, lo correcto sería establecer reglas claras, realistas y aplicables para todos los actores del sector.

El asesor debe actuar con responsabilidad, sí. Pero también debe reconocerse que muchas veces trabajamos con informaciones dinámicas que dependen directamente del constructor o promotor del proyecto.

En mi caso, siempre recomiendo confirmar antes de avanzar con cualquier separación o compra:

precio vigente, disponibilidad actual, plan de pago actualizado, fecha estimada de entrega y condiciones finales del desarrollador.

La publicidad inmobiliaria debe ser clara, honesta y responsable, pero también debe entenderse que el mercado inmobiliario no es estático.

Una publicación no siempre es falsa porque haya cambiado. Puede haber sido válida en su momento y quedar desactualizada por la propia dinámica del mercado.

Lo importante es actuar de buena fe, informar correctamente, actualizar cuando sea posible y confirmar siempre antes de comprometer al cliente.

La transparencia protege al comprador, pero las normas también deben proteger al profesional inmobiliario que trabaja con seriedad y con información suministrada por terceros.